Las idas y venidas judiciales entorno a los gastos hipotecarios parecían haber llegado a su fin tras la polémica sentencia del tribunal supremo y la proclamación de un decreto ley por el gobierno, pero un juzgado de Vizcaya a añadido una nueva pagina a esta interminable historia.

Si bien todas las batallas judiciales hasta ahora se habían limitado a los gastos de constitución de la hipoteca (Impuesto de actos jurídicos documentados e inscripción en el registro) en esta ocasión se trata sobre los gastos de cancelación de hipoteca.

La audiencia provincial de esta comunidad autónoma ha obligado a un banco a devolver la cantidad total abonada por el hipotecado a la hora de cancelar su hipoteca, gestión que se debe hacer ante notaria y levantar del registro de la propiedad, lo cual lleva un gasto asociado en este caso que ascendía a los 600 euros. El motivo jurídico según la sentencia es que era el banco quien era beneficiario de esa inscripción registral.

Falta por ver si esta sentencia se quedara como un hecho aislado o degenerara en una nueva batalla judicial en todo el país.