Las viviendas de VPO surgieron en todo el país con el objetivo de hacer frente a la demanda publica de viviendas de calidad, dignas y a un precio asequible. Los inmuebles, mientras sigan siendo de protección oficial, tienen limitados el precio de sus transmisiones para evitar que se especule con ellas y cumpla el objetivo de su creación: el de ser una vivienda accesible para gran parte de la población.

La picaresca de algunos propietarios avariciosos lleva a que intenten vender estos pisos por una cantidad mayor al precio limitado. (Y que excede con creces el hipotético valor de los muebles de la vivienda si se vendiesen aparte).

El gobierno vasco ha detectado un caso extremo en Bilbao, en el que el propietario de una céntrica vivienda pedía 120.000 euros adicionales al precio máximo de VPO al comprador. Cuando el contrato fue entregado en la delegación de vivienda llego a oídos de la administración la irregularidad y ejercieron el derecho de tanteo y retracto con el que vienen gravadas estas viviendas, comprando la vivienda de forma preferente al interesado y por el precio máximo fijado. El interesado perdió la vivienda y el propietario se quedo sin cobrar los 120.000 euros extra que pedía, además de enfrentarse a unas multas que puede oscilar entre los 20.000 y 300.000 euros.

Aunque es un caso extremo, como ya hemos comentado, no es la primera irregularidad que se detectan en estas ventas en Euskadi, habiéndose dado no solo en Bizkaia. La impactante noticia es un buen recordatorio que las VPOs no son un “chollo” ni para especular, sino viviendas destinadas a un fin social.