Los cambios en la legislación de arrendamientos urbanos parecen la historia de nunca acabar, las turbulencias en la LAU se remontan al pasado diciembre cuando Pedro Sanchez aprobó un decreto ley que alteraba significativamente ciertos aspectos del alquiler con el objetivo de facilitar el acceso a este mercado a inquilinos. Entonces se anulo su decreto ley por ser rechazado en el congreso y posteriormente el nuevo gobierno intento relanzar sus medidas añadiendo ligeras modificaciones mediante un segundo decreto que finalmente si fue corroborado. Ahora, sin embargo, este ultimo decreto corre peligro y podría ser derogado muy pronto bajo la premisa de ser inconstitucional, según asegura el Partido Popular, que ha interpuesto un recurso al TC que ya ha sido admitido a trámite.

La inconstitucionalidad se basa según el PP por no ser una medida “extraordinaria y de urgente necesidad”, hecho que deben cumplir los decretos leyes. Además, acusan al PSOE de exagerar los datos del mercado para justificar esta medida, y es que no existe ningún registro oficial que date las cifras de los alquileres (En muchas ocasiones se basan en informaciones de empresas privadas, como portales inmobiliarios, poco objetivas e infladas)

Ahora se abre un proceso ante el que de nuevo la ley puede ser modificada, causando mayor incertidumbre entre arrendadores y arrendatarios, generando mayor desconfianza en un mercado ya muy afectado por los numerosos vaivenes políticos.