El pasado martes el tribunal supremo se pronuncio de manera definitiva sobre a quien corresponde el pago de los gastos de los impuestos de actos jurídicos y transmisiones en una hipoteca. La decisión llena de polémica ha delimitado que su pago es deber del hipotecado, afirmación contraria a las de anteriores sentencias y para malestar de gran parte de los afectados. Causa sorpresa especialmente al preverse el resultado contrario y solo dejando como incógnita la aplicación de la retroactividad.

El estupor ante este acontecimiento ha provocado que el gobierno central haya decidido cambiar la ley hipotecaria (A la que el supremo culpa de su decisión) y mediante un decreto ley dar una nueva vuelta a tan polémico asunto para obligar a que sean los bancos quienes paguen estos impuestos. La nueva legislación en cualquier caso se ejecutara a partir de ahora quedando los afectos anteriores a esta fecha desamparados.

Queda en duda que medidas tomaran las entidades bancarias, de las que se especula que podrían añadir nuevas formas con las que recaudar el dinero que les supondrá el pago de estos gastos.